Cuarenta años después, no se comprende todavía la presunta omertá decretada en 1977 sobre la muerte de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre en Málaga. Un pacto de silencio que ha impedido hasta hoy conocer al autor o autores del homicidio, ya fuera doloso o negligente, y por lo tanto, dirimir las responsabilidades de lo sucedido. Ni el menor reproche al ministro de Interior, a la sazón, Martin Villa, ni al gobernador civil ni a policía alguno.

Las actas de la primera Comisión de investigación de la democracia constituida en el Congreso de los Diputados para esclarecer el fatal desenlace han devenido, según la Mesa de la Cámara, secreto de Estado y sus 675 folios han sido maquilados con tachaduras de nombres para mostrarlos a los legítimos representantes de la soberanía popular que los vienen demandando. Los custodios de las actas invocan, supongo, la Ley del Patrimonio Histórico Español, que vela la accesibilidad a los documentos clasificados si no hay consentimiento expreso de los afectados o hasta que hayan transcurrido 50 años desde que se redactaron. La finalidad de este precepto es proteger el honor, la intimidad y la imagen de las personas afectadas, en este caso, ciudadanos, políticos y policías que, de una u otra forma, estuvieron implicados.

No es que la identificación del homicida tenga valor añadido alguno para la historia (se sabe con bastante aproximación lo que ocurrió y por qué aquel día en la malagueña Alameda de Colón), pero sí haría justicia a la tragedia de la familia de García Caparrós y daría la paz definitiva a la memoria de sus padres, que apenas le sobrevivieron unos años. También a los andaluces nos consolará conocer quién y cómo le quitó la vida, en aquellos años de plomo, a un chaval que iba a cumplir 19 años y que se erigió aquel día en símbolo y referencia histórica de las aspiraciones del pueblo andaluz.

Esta noche, 40 años después del hecho luctuoso, tienen ustedes la oportunidad de saber más sobre la pistola y la bala que mató a Manuel José García Caparrós en el excelente documental que, producido por ADM, emitirá Canal Sur TV.

Año de plomo: 1977, que se saldó en España con ocho asesinados por los GRAPO, diez asesinados por ETA y once asesinados por la extrema derecha, entre estos últimos los abogados de Atocha en Madrid. En distintos “choques con las fuerzas del orden” (así dicen los archivos) murieron otras once personas, entre ellos Manuel José García Caparrós en Málaga.

Con la transición en pañales y la primera conspiración golpista larvada (Tejero, Sáenz de Ynestrillas y destacados personajes de la cúpula militar estaban ya conjurados en noviembre de 1977),  se entiende bien cómo los aparatos policial y judicial franquista, aún intactos, reaccionaron con reflejos desde el minuto uno para encubrir los hechos y convertir en inaveriguable lo que ocurrió. Así la bala homicida (del calibre 9 mm. corto, disparada por una pistola  Star) no llegó a la sala de autopsia, habiendo sido extraída antes del cadáver sin justificación terapéutica. Así, la investigación judicial fue chapucera y en la Comisión de investigación debió de pactarse (por derechas e izquierdas) cubrir esta muerte con un espeso manto de silencio, suponemos que por el bien de la frágil transición y de la Patria que algunos querían seguir apropiándose en exclusiva.

Entre tiros, secuestros y asesinatos, España había celebrado el 15 de junio de 1977 sus primeras elecciones democráticas tras la dictadura, que alumbraron unas Cortes generales convertidas en un cuarto de hora en constituyentes y una ponencia de siete próceres fue encargada de elaborar una Constitución.

Los primeros trabajos de la ponencia fueron intensos, dejando al ‘duelo a garrotazos’ de Goya como una broma o una habitual reunión de cuñados en Navidad. Eran los ponentes siete hombres juiciosos pero tenían detrás a las fuerzas vivas y a las muertas de España, a las humanas y a las divinas. ¿Cómo poner en pie una Constitución con esas rémoras?

Para redondear el contexto, España sufría una de las peores crisis económicas de su historia (sí, peor que esta última). La crisis del petróleo de 1973,  una brutal desindustrialización, una  cadena interminable de suspensiones de pagos y quiebras de empresas, pérdidas de empleo que en pocos meses se contaban por muchos cientos de miles, un déficit exterior salvaje que devoraba las menguadas reservas del Reino de España, y una inflación que alcanzó en el verano de 1977 un 40% (repetimos, 40%), resumen el cuadro material de la España que alumbró los Pactos de la Moncloa, cuadro que ya les he pintado en alguna ocasión en este Blog y que aquí de nuevo lo exige el guion.

El 27 de septiembre de 1977 se aprobó por Real Decreto el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña y unos días después Josep Tarradellas presidía la constitución del Parlament, ese que nos trae de cabeza sea el siglo que sea.

El 22 de noviembre del mismo año, la revista ‘Cuadernos para el diálogo’ publica por filtración periodística  los primeros 39 artículos del borrador del anteproyecto de Constitución, en los que se hablaba de “nacionalidades” (por supuesto, nadie había pensado en Andalucía), no se menciona a la Iglesia católica, se da poder al Estado para intervenir en la economía y en las empresas, etc. Cuando se inicia la segunda lectura del Texto, se han presentado 168 votos particulares de los ponentes y más de 3.000 enmiendas. Los garrotazos están a punto de fracturar a la familia española para siempre.

En el sur, el aire constituyente enrarecido agita a los parlamentarios andaluces, que empiezan a levantar la voz y a despertar las conciencias de la gente. Entonces, se produce el hecho mágico que conmemoramos hoy, 4 de diciembre: supongo que los andaluces no conocíamos con precisión de cirujano el contexto que acabo de resumir, pero el instinto de este pueblo sabio se olió que era el momento de decir aquí estamos y se tiró a la calle, muchos cientos de miles de ciudadanos, dentro y fuera de Andalucía (en la Plaza de España, de Madrid, nos juntamos medio millar).

Repitámoslo para quienes no atienden, como Pablo Iglesias Turrión: en el 4-D, los andaluces salimos a la calle para reivindicar nuestra identidad diferenciada, denunciar la postergación histórica de este pueblo y exigir niveles de autonomía (autogobierno) máximos en el marco de la Constitución Española (así figura en el artículo 1, apartado 1 de nuestro Estatuto vigente). Los andaluces constatamos y reconocemos las “singularidades y hechos diferenciales” en España, pero no aceptamos que se instrumenten como coartadas para “determinados privilegios” ni como factores determinantes de la desigualdad en los distintos territorios del Estado. Ni fueros, ni huevos.

Y ese día, pagamos nuestra audacia por pedir ‘libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía’ con la muerte de Manuel José Garcia Caparrós, en cuyo nombre conmemoramos hoy el 4-D.