El Gobierno le va a meter mano por fin a la SGAE y con ella a la gestión de los derechos de autor en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes 13 de abril un Real Decreto-Ley que modifica la Ley de Propiedad Intelectual con dos efectos importantes: por un lado, aumentar el control sobre las tradicionales entidades de gestión; y, por otro, forzar el sector a dar un paso definitivo hacia la libre competencia, en línea con la Directiva de la Unión Europea, traspuesta ahora a nuestro ordenamiento jurídico.

Un oligopolio de ocho entidades ha venido copando todo el mercado de los derechos de autor. Y, entre ellas, la SGAE es la principal por socios, poder y recaudación. Ninguna de las ocho tiene ánimo de lucro, y todas han de estar creadas y dirigidas formalmente por los propios artistas, como prevé la ley.

El Real Decreto-Ley, publicado ayer mismo sábado 14 de abril en el BOE y que debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, otorga más poder a las asambleas de los socios de las entidades frente a sus directivos y, sobre todo, les impone un órgano de control interno. Para las entidades que recauden más de 100 millones de euros, como la propia SGAE, el comité habrá de incluir varios miembros externos. Para las otras, los componentes serán todos internos, pero no podrán ocupar cargos directivos en la entidad. El Ministerio de Cultura supervisará a los controladores, después de tantos años de escándalos en la SGAE.

A la vez, el texto establece otra disposición fundamental: los autores españoles podrán encargar la gestión de algunos de sus derechos a compañías privadas, con ánimo de lucro y sin la obligación de tener creadores en sus equipos directivos, así como a entidades de gestión extranjeras. La reforma imagina un escenario donde un artista tenga ante sí varias ofertas para escoger. Incluso podrá distribuir distintos derechos entre varios operadores. Y tendrá más facilidades para abandonar a una entidad o revocarle, total o parcialmente, su autorización: la reforma quiere que el plazo nunca supere los seis meses.

Un amplio abanico de derechos, los considerados “de gestión colectiva obligatoria”, quedarán en manos de las entidades tradicionales. Entre otros, la recaudación de la compensación por la copia privada, el antiguo canon digital, o el dinero que genera para un creador la emisión de una obra suya en radio o televisión. Para los demás, llamados “de gestión individual”, habrá competencia con los privados. El cobro del derecho del autor de una fotografía empleada en la portada de un libro o el de un compositor que permita que su partitura se use en la banda sonora de un filme ya no tendrá necesariamente que hacerse a través de una de las ocho entidades tradicionales. Los operadores privados tendrán que comunicar a Cultura el comienzo de su actividad en España y estarán expuestos a un liviano régimen sancionador.