La Justicia tiene ahora la palabra. En los siete años transcurridos desde que la jueza Mercedes Alaya iniciara la instrucción por las supuestas  irregularidades detectadas en la concesión por la Junta de Andalucía de ayudas sociolaborales vinculadas a expedientes de regulación de empleo (EREs), los presuntos culpables  han sido juzgados y sentenciados por anticipado. Es como si se hubiera decretado manu militari  la muerte civil y política de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y de 20 ex altos cargos más que compartieron con ellos responsabilidades de Gobierno durante una década en Andalucía, sin esperar a que una sentencia ajustada a Derecho lo falle.

Forzando el silogismo, podríamos decir que todos a una, como Fuente Obejuna, hemos violentado el principio de seguridad jurídica ‘non bis in idem’ al juzgar durante los pasados 2.500 días por los mismos hechos a los imputados y dictar sentencia inapelable. Nadie puede poner ya remedio a esa condena (dolorosa para los acusados y para quienes, por conocerlos, los apreciamos), cualquiera que sea el veredicto final de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que hoy se ha iniciado la vista oral de la denominada ‘pieza política’ de los EREs.

160 periodistas de 40 medios de comunicación han sido acreditados para seguir en vivo y en directo este macrojuicio,  entendido por muchos interesados como causa general  contra una década de gobierno socialista en Andalucía.

El quid de la cuestión reside en si el procedimiento utilizado para repartir durante una década 741 millones de euros, según la Fiscalía, a más de 6.000 trabajadores incluidos en EREs por crisis de empresas, fue ajustado a ley o la infringió. Se trata de las llamadas ‘transferencias de financiación’, el mecanismo presupuestario empleado para cubrir el fondo destinado a los EREs. Según un informe de la Intervención General del Estado, rubricado por cuatro peritos, las ‘transferencias de financiación’ se utilizaron para hurtar a la Intervención de la Junta de Andalucía la capacidad de fiscalización previa de las ayudas que exige la ley.

Según un contrainforme firmado por varios catedráticos de Derecho administrativo y de financiero, presentado por los abogados de las defensas en el Tribunal Supremo, el procedimiento era perfectamente legal.

Item más: las defensas traen a colación que el Ministerio de Trabajo otorgó ayudas de la misma naturaleza que los ERE para la Faja Pirítica de Huelva, con un sistema similar, sin concurrencia ni publicidad y por concesión directa, al amparo de una normativa de 1995.

La instrucción más larga del siglo en Andalucía tuvo otro efecto secundario indeseable para el organismo de la Administración autonómica: lo que en los despachos de la Junta se denominó ‘alayismo’, una suerte de psicosis paranoica cuyo síntoma más evidente ha sido la negativa a estampar la propia firma en papel alguno, incluida la servilleta de la cafetería. Esta grave patología cursa con bloqueo de expedientes administrativos  y tiene aún recidiva en el funcionamiento cotidiano de la cosa pública autonómica.

La sentencia política, por su parte, fue dictada desde que la jueza Alaya pone en marcha la instrucción: el perverso procedimiento tiene como objeto, entiende el PP, cebar el régimen clientelar que el PSOE había incubado y desarrollado durante sus 35 años de gobiernos. Por fin, el PP encuentra la piedra filosofal que explica su eterna oposición. ¡Mecachis en la mar, ahí está la explicación!

La jueza alimenta las maledicencias que reparan en la sospechosa coincidencia del calendario de la instructora con la agenda política andaluza: los autos-bomba o las declaraciones de destrucción masiva estallan en fechas coincidentes con la campaña electoral autonómica o con el relevo de Griñán por Susana Díaz en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Algunos denuncian una eventual connivencia que tiene la misma debilidad probatoria que la asociación ilícita  para delinquir atribuida por Alaya a los gobernantes andaluces, que se habrían concertado cual camorra para idear el perverso plan de los EREs, con la complicidad de interventores, funcionarios, parlamentarios, etc. Un disparate que revela un desconocimiento pernicioso de cómo funciona la Administración y cómo la praxis política, además de inimaginable, por ejemplo, en personas de la integridad moral de Manuel Chaves o Pepe Griñán.

La hipérbole de la indagación judicial no pudo ir más allá y aceptó la evidencia de que los históricos dirigentes socialistas no se han enriquecido ilícitamente con el mefistofélico plan, es decir, no se han llevado un euro (en su vida, añado) y ni siquiera pudo constatar que se hubiera producido financiación irregular del PSOE como aviesamente se maliciaban los oponentes. Lo cual no obsta para que los EREs hayan suministrado bombonas de oxígeno a un PP sonado por las Gürtel, Púnica, Bárcenas, Rato, contabilidades paralelas y sobresueldos perpendiculares. Los EREs tienen fecha-valor para muchos años como saldo compensable en materia de corrupción: y tú más. Ya se encargará alguien de fabricar el rebujito en el que los trincones de oficio por millones (los Pujol, Rato, Bárcenas, Ignacio González, Granados,..) se mezclen con los que, tras servir durante 40 años al Estado, siguen teniendo un modesto patrimonio y una renta de pensionista.

La derecha y la izquierda también se distinguen en las malas prácticas: la derecha se corrompe a lo grande, como los ricos; la izquierda, a lo cutre, como los pobres. Más de 6.000 trabajadores se beneficiaron de los EREs que han arrrastrado el nombre de Andalucía por España durante casi una década y de ellos ciento y pico metieron la mano y se intentaron llevar lo que no les correspondía. Es evidente que se cometieron irregularidades y –la justicia lo dirá- acciones constitutivas de delito (intrusos, intermediarios sobrecomisionistas, malversadores de dinero público tal vez,…), por lo que habrá que dilucidar responsabilidades de las índoles que correspondan, sabiendo que las políticas se han cobrado ya con creces. La sentencia lleva años dictada y ahora empieza el juicio.